Durante su intervención, Gabriela presentó la perspectiva del design by diversity, un enfoque que defiende la incorporación de la diversidad en los procesos de concepción, desarrollo y gobernanza de tecnologías digitales. Según ella, los sistemas construidos sin la participación de grupos históricamente marginados tienden a reproducir y amplificar estructuras de opresión ya existentes en la sociedad, incluida la violencia de género. En este sentido, garantizar diversidad en los equipos y en los procesos de creación tecnológica no es solamente una agenda de inclusión, sino también una condición para que las plataformas digitales sean menos propensas a la difusión del odio contra las mujeres.
También mencionó el conjunto de proyectos de ley y decretos firmados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el miércoles (20). El paquete amplía la protección de las mujeres en el entorno digital y crea mecanismos de seguimiento del deber de cuidado de las plataformas digitales.
“Hoy Brasil dio otro paso importante con los decretos firmados por el presidente Lula, que representan un avance relevante al reconocer la responsabilidad de las plataformas y la necesidad de una protección específica para mujeres y niñas. El próximo paso es garantizar que esta agenda se implemente con perspectiva de género, transparencia, proporcionalidad, participación social, evaluación algorítmica y enfrentamiento de los incentivos económicos que hacen rentable la misoginia. Porque necesitamos desmontar esta arquitectura que expone a niños, niñas y adolescentes a contenidos que violan derechos y que impulsan el odio contra las mujeres. Y si el problema está en el diseño, las soluciones también pueden y deben estar allí”, afirmó Agustini.
La sesión, coordinada por la diputada Tabata Amaral (PSB-SP), contó con la participación de diversas especialistas, entre ellas la abogada y directora de InternetLab, Mariana Valente; la jefa de la Asesoría Especial de Comunicación del Ministerio de las Mujeres, Janara Kalline Leal; y la directora y cofundadora de Redes Cordiais, Clara Becker.
Grupo de Trabajo
La audiencia forma parte del ciclo de debates técnicos sobre el Proyecto de Ley 896/23, que prevé penas de dos a cinco años de prisión para prácticas misóginas y convierte el delito en no excarcelable e imprescriptible. El proyecto, de autoría de la senadora Ana Paula Lobato (PSB/MA), fue aprobado por el Senado el 24 de marzo, con 67 votos favorables. Actualmente en análisis por la Cámara de Diputados, el grupo de trabajo fue instalado el 5 de mayo y deberá presentar el informe final el 10 de junio.